El registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha envió un documento al magistrado Luis Manuel Lasso Lozano del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien estudia una demanda interpuesta en su contra por el abogado Germán Calderon España, la cual pretende suspender al alto funcionario de su cargo por las irregularidades registradas durante las pasadas elecciones legislativas.
Según Vega Rocha, la demanda es inaceptable y desproporcionada, y está sustentada en artículos de prensa y criterios políticos.
«Es inaceptable y desproporcionado que la razón para solicitar mi suspensión en el ejercicio del cargo de Registrador Nacional del Estado Civil, para el cual fui elegido de conformidad con las reglas dispuestas por la Constitución Política, sea la formulación de una demanda sustentada únicamente en artículos de prensa, columnas de opinión, y criterios interesados, con marcado contenido político, a partir de los cuales no se logra demostrar una conducta intencionalmente trasgresora del ordenamiento legal…», dice parte del documento.
En la demanda interpuesta por Lasso Lozano, se solicita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mediante medidas cautelares suspenda inmediatamente del cargo al registrador mientras se adelanta la investigación en su contra y que se nombre un registrador ad-hoc para el desarrollo de las proximas elecciones presidenciales.
No obstante, Alexander Vega considera que dicha suspención podría generar un ‘perjuicio irremediable’ para todos los colombianos.
«…solicito al Honorable Tribunal se sirva NEGAR por absolutamente infundada la MEDIDA CAUTELAR consistente en la suspensión del ciudadano Alexander Vega Rocha de las funciones en el cargo como Registrador Nacional del Estado Civil, toda vez que con ello no sólo se vulneran derechos fundamentales (…) sino que podría llegar a generarse paradójicamente un perjuicio irremediable a todos los colombianos…», se lee en otra parte de la contestación del registrador al despacho judicial.
En el documento de 27 páginas, Vega Rocha defiende su actuación cono registrador Nacional y argumenta que las irregularidades presentadas durante las pasadas elecciones no son del resorte de la entidad sino que están relacionadas con dificultades logísticas en las comisiones escrutadoras compuestas por jueces, notarios, registradores de instrumentos públicos y eventualmente otros ciudadanos.
