La Cámara aprobó la iniciativa del Gobierno para que los condenados por hechos de corrupción no obtengan la detención domiciliaria.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley anticorrupción para evitar la casa por cárcel para corruptos y cancelación inmediata de contratos que estén inmersos en irregularidades.
Este proyecto de ley es una iniciativa del Gobierno Nacional, radicada dentro del paquete de iniciativas concertados con la mesa técnica anticorrupción que se creó, luego de la consulta promovida por la Alianza Verde y otros partidos independientes y de oposición.
Este es un proyecto de ley similar al que se hundió al final de la legislatura pasada por inconsistencias durante la conciliación del mismo cuya iniciativa era de la Fiscalía General de la Nación.
El viceministro del Interior, Francisco José Chaux, afirmó que este proyecto acaba con los subrogados penales para todos los que hayan sido condenados por corrupción.
«Es un proyecto que demuestra que este Gobierno está con el compromiso de combatir la corrupción y que mejora el sistema jurídico colombianos, que le da más herramientas a la administración pública para que este fenómeno sea combatido con toda la severidad», afirmó.
El viceministro del Interior manifestó que la iniciativa consagra también medias administrativas.
«Una de las medidas que tiene que el proyecto es establecer una serie de inhabilidades y se crean medidas para terminar los contratos que efectivamente se demuestre que ha sido fruto de actos de corrupción; es una iniciativa que, además de estar las medidas penales, están las administrativas para combatir la corrupción desde todos los flancos», manifestó Chaux.
El ponente del proyecto de ley, José Daniel López (Cambio Radical) explicó el contenido más importante del texto que pasa a su tercer debate en el Senado.
«Tiene tres cosas principales: elimina la posibilidad de casa por cárcel y condiciones de reclusión especial para personas condenadas por corrupción; establece la prohibición para que empresas vinculadas a hechos de corrupción, como Odebrecht, vuelvan a contratar con el estado y faculta a las entidades públicas para terminar de manera unilateral contratos con empresas que recurrieron a hechos corruptos para poder obtener sus contratos», indicó el congresista.
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