Con 117 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto General para el 2022 con polémicos artículos como el 125 que dio luz verde a la derogación de la Ley de Garantías, según el Gobierno Nacional para la “reactivación económica”.
A propósito el representante David Racero aseguró que a los “representantes les conviene que se levanten las restricciones de contratación directa que es lo que se busca con alcaldías y gobernaciones porque por de ahí sacan la votación del 2022. Es por medio de la contratación directa que van a canalizar presupuesto al momento de comprar los votos”.
Y agregó: «Esto es la legalización del clientelismo puro y lastimosamente este Congreso le envía otro mal mensaje al país y que envía otro, creo que están atemorizados del cambio político de país, están atemorizados que tienen que llevar esto como última instancia para poder hacer con clientelismo electoral lo que no están logrando por medio de ganarse el corazón de los colombianos”.
Gabriel Santos, por el Centro Democrático sostuvo que “siguen siendo más poderosas las voces de los colombianos con buenos ingresos que aseguran un subsidio del Estado y los colombianos que no alcanzan a pensionarse. Lamentable decisión”.
Por su parte, la representante María José Pizarro manifestó que «Colombia debe saber que esas mayorías gobiernistas son cómplices del fraude electoral que se avecina para impedir que las fuerzas progresistas les ganemos en franca lid en 2022«.
Juan Carlos Losada por el partido Liberal aseguró que «es vergonzoso que el Congreso ad portas de las elecciones, derogue la Ley de Garantías y permita descaradamente, la celebración de convenios interadministrativos con los que financiarán las campañas políticas de sus amigotes. Esto no es más que un intento desesperado del uribismo por evitar la debacle electoral que se les viene. ¡Da vergüenza este Congreso!».
El parlamentario Germán Navas por el Polo Democrático sostuvo que «por prevaricato denunciaré a quienes votaron artículo que pretende derogar la Ley de Garantías«.
En la Cámara fue negada con 26 votos por el “sí” y 102 por el “no” el artículo 104 con el que se buscaba abrir una ventana pensional para permitir el traslado exprés entre los regímenes privado y público. A propósito el representante David Racero aseguró que “es evidente que hay que hacer una reforma pensional, pero aquí la pregunta era en qué contexto, en qué momento para que no llevara a una presión a Colpensiones. En ese sentido queda pendiente la reforma estructural a un sistema que ya no aguanta más”.
El artículo 78 el cual le da facultades al Gobierno Nacional para «quitarle los ahorros a una persona cuando no mueve su cuenta en un año«, también causó polémica.
El representante a la Cámara Fabian Díaz por el partido Alianza Verde sostuvo que «es un descaro expropiar el dinero de las cuentas de ahorros a las personas que en un año no saquen el dinero. Ahora nos roban de frente«.
León Fredy Muñoz indicó que «el presupuesto es una continuación de un plan de desarrollo. un plan mal diseñado que no obedece a lo que necesita el país, claramente se evidencia que el país está pasando por un momento muy duro y en este presupuesto pues casi el 60% se va a gastos de funcionamiento, también se va casi el 22% se va para pagar los intereses de la deuda externa y lo que va a ir a la inversión social para atender el momento tan trágico y lamentable es mínimo”.
Entre tanto, en medio de la discusión fue eliminado el artículo que le abría la puerta a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para vender y arrendar inmuebles incautados a los narcotraficantes, sin avalúos y al precio que una comisión interna decidiera.
Al respecto el representante a la Cámara Mauricio Toro aseguró que “esto parecía un mandado a los narcotraficantes. Recuerden los muchísimos casos de corrupción que hemos visto en el manejo de los bienes incautados a las mafias. Incluso hoy, acá está participando un Representante a la Cámara que fue condenado la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con la Dirección de Estupefacientes. De esto es que estamos hablando”, sostuvo.
Cabe recordar que al ser aprobado en Cámara y en Senado, ahora el proyecto pasará a conciliación para ser Ley de la República.