Por: Carlos F. Fernández y Ronny Suárez
Minsalud asegura que abordar frente de enfermedades mentales es una prioridad para el país.
Creyó que quizás encontraría respuestas en ese lugar, la Universidad del Rosario, con la presencia de reputados psiquiatras y el mismísimo ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, donde se discutía la implementación de la política de salud mental recientemente anunciada. Pero no. Se marchó sin saber qué hacer con la fatiga y la desesperación que cada tanto acusa.
¿Por qué tuvo que llegar este hombre a un foro académico a buscar ayuda sobre sus síntomas? ¿Por qué el sistema nunca se acercó a él para ofrecerle el diagnóstico y la atención que reclamaba? Y con realidades como la de este ciudadano, ¿cómo llevar a la realidad la política de salud mental?
Preguntas como estas se abordaron en el foro ‘La salud mental en la agenda política: de sus planteamientos a la realidad’, que fue organizado la semana pasada por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de este claustro, con el apoyo de EL TIEMPO.
Allí se discutió la cruda realidad de las enfermedades psiquiátricas, en un contexto académico y propositivo, teniendo en cuenta que en el país una de cada 10 personas adultas y el 12 por ciento de los adolescentes presentan algún problema de orden mental, recordó Carlos Gómez Restrepo, médico psiquiatra, decano de medicina de la Universidad Javeriana y cabeza de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM).
Pero más allá de estas cifras, que para el ministro Uribe ubican esta situación como un asunto grave de salud pública, es que a la hora de abordarse las falencias del sistema quedan al desnudo. De hecho, según la ENSM, solo una de cada 10 personas que necesitarían intervención la reciben, con el agravante de que apenas una de cada tres de las que la solicita la recibe de manera integral.
Disminuir estos indicadores es, para Rodrigo Córdoba, director del departamento de psiquiatría de la Universidad del Rosario, uno de los principales retos de la política de salud mental que plantea, justamente, metas ambiciosas como aumentar el número de atenciones y reducir las crecientes tasas de intento de suicidio y de inicio de consumo de sustancias psicoactivas.
Los avances
Aunque Iván Darío González, viceministro de Salud, acotó que para aterrizar estos preceptos se requiere mucho trabajo, adelantó algunas líneas de acción que le generan optimismo, como la ampliación de la red de atención especializada en salud mental y la edificación de centros dedicados a esa tarea en departamentos que hoy carecen de uno.
Quizás otro gran mérito de la política planteado por González es darles espacio a las adicciones al considerarlas como enfermedades que requieren intervención médica.
Y, por otra parte, el Viceministro aseguró que la financiación de esta tarea está garantizada con recursos nuevos y la ejecución coordinada de un Conpes en salud mental que no solo incluirá la atención de la enfermedad, sino elementos fundamentales en la promoción y la prevención.
En ese sentido, el ministro Uribe se refirió de manera insistente a la intervención sobre los llamados determinantes sociales que inciden en la aparición de las enfermedades mentales, como la violencia intrafamiliar, la falta de asistencia en la infancia, el desempleo, el alcoholismo, el tabaquismo y el uso de otras sustancias.
Urge, dijo Uribe, retomar los preceptos fundamentales de la descentralización para que alcaldes y gobernadores cumplan de manera específica con la tarea que les corresponde, no solo en este punto sino en la consolidación de espacios saludables en sus jurisdicciones. “Es vital empezar a reconocer que estos problemas no competen exclusivamente al sector salud, sino que de una vez por todas tienen que mirarse en un contexto transectorial, en el que desde la escuela y los espacios laborales se tome como una prioridad”, manifestó.
Los retos
Pero más allá de estos anuncios, en el foro en la Universidad del Rosario se expusieron obstáculos prominentes que se deben abordar si se quiere llevar esta política por buen cauce. Uno de ellos, como lo planteó Fabián Cardona, director médico de Acemi (gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo), es la carencia de recurso humano no solamente especializado sino con las competencias suficientes para tratar estos temas.
Para la muestra, tal como reveló el psiquiatra Córdoba, en el país hay cerca de 1.200 psiquiatras, lo que corresponde a una tasa de 1,2 por cada 100.000 habitantes, cuando la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es de 5 por cada 100.000.
El déficit de personal especializado no es el único. Cardona también puso el dedo en la llaga al enfatizar que muchos médicos generales presentan grandes vacíos en la detección temprana de estos problemas, por fallas en las competencias, lo que impide adecuar redes específicas con capacidad resolutiva rápida para problemas que se podrían manejar en los primeros niveles de atención.
De ahí que Córdoba insistió en hacer trabajo conjunto entre Ministerio, escuelas de salud y sociedades científicas para capacitar personal acorde con las necesidades de los trastornos mentales, una de las primeras causas de enfermedad en el país.
En ese sentido, Alexandra Valderrama, directora de la clínica psiquiátrica del Hospital San Juan de Dios de Manizales, mencionó que hoy las redes específicas e integradas son escasas “y en los hospitales los pacientes se han vuelto de puerta giratoria”.
Liliana Guarín, profesora de la Universidad del Rosario, no quiso dejar por fuera otro obstáculo urgente: el estigma al que se enfrentan las personas que padecen alguna enfermedad mental, que los lleva a ocultar sus síntomas y aplazar la consulta antes que ser descalificados y considerados como incapaces. Una situación que se debe trabajar desde el propio hogar.
Otras voces
En el foro también se puso sobre el tapete la situación de los psicólogos en el país, al parecer contradictoriamente sobrepoblados, en un marco de desempleo creciente, mientras millones claman por atención psicológica. Se enfatizó, por tanto, que sea urgente velar por la formación de estos profesionales y otorgarles competencia para que puedan hacer intervenciones oportunas a nivel social y clínico.
Y, por otra parte, se recordó el indeclinable compromiso de abordar estos problemas interdisciplinariamente, con la participación activa de la sociedad a partir de acciones en sus entornos: casa, trabajo, familia y educación.
ARCHIVO PERIODÍSTICO TOMADO DE:
EL TIEMPO
