Un video publicado en la cuenta de Facebook de Juan de la Rosa Grimaldos, reconocido líder del Pacto Histórico en Casanare, ha generado un intenso debate en la región y a nivel nacional.
https://www.facebook.com/watch/?v=1131662298730143&rdid=fOmqEGfOPrFGpUkV
En la grabación, se registra su intervención en una reunión con el Ministro del Interior, Armando Benedetti, donde expone la necesidad de que el movimiento político tenga una mayor participación en la burocracia de las 23 entidades del Estado con presencia en un departamento tradicionalmente uribista.
Durante la reunión, Juan de la Rosa Grimaldos argumentó que, a pesar de la presencia del Pacto Histórico en un departamento tradicionalmente uribista como Casanare, el movimiento no ha logrado una «participación efectiva» en las diversas entidades estatales que operan en la región.
En este contexto, solicitó al Ministro del Interior, Armando Benedetti, que se considere una mayor inclusión de miembros y simpatizantes del Pacto Histórico en los cargos de estas instituciones, con el objetivo de «empoderar» al proyecto político en el departamento.
Además, Grimaldos enfatizó la necesidad de este «empoderamiento» en las postrimerías del gobierno actual y en el inicio del año electoral, que incluye la consulta popular, las elecciones al Congreso y la elección presidencial.
La difusión del video ha provocado una variedad de reacciones en la opinión pública y en los círculos políticos.
Mientras algunos sectores cuestionan la ética y la conveniencia de solicitar directamente una distribución de cargos burocráticos, otros defienden la legitimidad de que una fuerza política gobernante busque tener representación en las instituciones para asegurar la implementación de sus políticas y la vigilancia de sus principios, incluso en regiones con una tradición política diferente.
¿Cómo influye el contexto electoral en la interpretación de la solicitud de «empoderamiento» del Pacto Histórico en Casanare?
¿Cuál es el equilibrio adecuado entre la representación política en la administración pública y los principios de mérito y transparencia, especialmente en regiones con una fuerte identidad política previa?
¿Qué implicaciones a largo plazo podría tener la práctica de asignar cargos burocráticos a movimientos políticos en el gobierno en departamentos con una historia política marcada, y en el contexto de un año electoral crucial?
Quienes critican la solicitud, la consideran una forma de clientelismo y un retroceso en la lucha contra la corrupción y el uso de la burocracia como herramienta política, especialmente en un departamento con una tradición política distinta.
Argumentan que los cargos públicos deben asignarse con base en la capacidad y la idoneidad, no por la pertenencia a un partido político, independientemente de la historia política de la región y el momento electoral.
Desde otra perspectiva, se argumenta que es natural que un movimiento político que forma parte del gobierno busque tener personas de confianza en las instituciones para garantizar la ejecución de su programa y proteger sus intereses políticos, incluso en departamentos donde no son la fuerza política dominante.
Se ve como una forma de asegurar la gobernabilidad y la implementación de las políticas prometidas en todo el territorio nacional, y de cara a las próximas elecciones.
Algunos simpatizantes del Pacto Histórico en Casanare podrían ver esta solicitud como una oportunidad legítima para tener una mayor influencia en las decisiones que afectan a su región y para que personas comprometidas con el proyecto político puedan trabajar desde el Estado en un departamento donde históricamente han tenido menos representación, especialmente en un año electoral crucial.
Sectores de oposición en Casanare probablemente utilizarán este hecho para reforzar su discurso de crítica hacia el Pacto Histórico, argumentando que están buscando imponer su agenda a través de la burocracia en un departamento que no los respalda mayoritariamente, y que están replicando prácticas políticas que históricamente han criticado, además de utilizar la burocracia como herramienta electoral.
