El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantuvo en firme la decisión del Consejo de Estado que suspendió las actividades comerciales del fracking en el país, pero impuso nuevas condiciones al desarrollo de los proyectos piloto sobre yacimientos no convencionales mediante el uso de la técnica.
El Tribunal dijo que se deberán proteger los acuíferos subterráneos, teniendo en cuenta que el rompimiento de la roca mediante el uso de la técnica “podría podrían entrar en contacto con fracturas naturales preexistentes, que dependiendo de su extensión vertical podrían conectar con la base acuífero”.
Para evitar a toda costa la emisión de gases o partículas como el metano que puedan afectar la salud de las personas, el Tribunal ordenó realizar un estudio que demuestre la distancia adecuada entre las zonas de realización de la actividad y las viviendas y determinar la no afectación química de los elementos usados con esa técnica.
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“No afectación química de los elementos usados en el compuesto de fractura y su inocuidad a la salud humana, en particular la no afectación como disruptores endocrinólogos que puedan afectar con algún tipo de complicación la gestación o al recién nacido”, dice uno de los apartes de la orden.
El Tribunal señaló que también se debe proteger las fuentes hídricas en donde se realizaran los proyectos piloto. “Establecer una relación de oferta y demanda hídrica de las actividades agropecuarias, domesticas e industriales en las áreas de influencia de los proyectos en donde se proteja el caudal ecológico de las fuentes hídricas”.
La Alianza Colombia Libre de Fracking reiteró el rechazo al desarrollo de los proyectos piloto. «No solo pueden ser la puerta de entrada para esta nefasta técnica sino que además su magnitud y escala no pueden ser comparables con los cerca de 1200 pozos que se estiman podrían estar en actividad con el desarrollo a plenitud de esta técnica y con ellos el Gobierno Nacional, de manera velada, está permitiendo el desarrollo de la fase exploratoria de estos proyectos».
Por su parte, en el Consejo de Estado continua el estudio de fondo sobre la demanda que busca frenar totalmente la actividad.
