El Tribunal de Justicia y paz de Medellín pidió a la Fiscalía General investigar a Santiago Uribe Vélez para establecer la relación del hermano del senador Álvaro Uribe con las Autodefensas del Chocó y de Antioquia.
Esta petición se suma al proceso que ya cursó en contra del ganadero Santiago Uribe por su supuesta responsabilidad en la conformación del grupo paramilitar ‘los doce apóstoles’.
En la actualidad, producto de este proceso Santiago Uribe fue llamado a juicio y se encuentra detenido en una guarnición militar en el departamento de Antioquia, a la espera de que la vicefiscal general María Paulina Riveros defina si deja en firme esta resolución de acusación.
La solicitud de investigación del Tribunal de Medellín se relaciona con el testimonio entregado por el exjefe paramilitar, Rodrigo Alberto Zapata Pérez, alias ‘Ricardo’.
Según la declaración de alias Ricardo, varios empresarios de la región y ganaderos supuestamente entregaron grandes cantidades de dinero para facilitar la expansión de los grupos de autodefensa en el chocó y Antioquia.
De acuerdo con la declaración del exparamilitar, presuntamente Santiago Uribe, Juan Diego Vélez y Jorge Escobar a quien identificaron con el nombre de ‘Bigotes’, fueron algunos de los que contribuyeron a la financiación de los grupos paramilitares en ambos departamentos y prestaron en su momento sus viviendas para llevar a cabo varias reuniones.
Alias Ricardo aseguró en relación con Santiago Uribe que era un “contribuyente voluntario de la organización (los paramilitares)”.
“En el caso de Santiago (Uribe) yo quisiera hacer una aclaración que por parte de Bigotes, un señor que estuvo encarcelado en España hasta hace poco era socio de una pesebrera de Juan Diego Vélez, hermano de Germán Vélez, primos del doctor Álvaro Uribe Vélez y de Santiago, el me llamó a mí para ver la posibilidad de que no se le pidiera plata a Santiago Uribe y se accedió a no seguirle pidiendo plata”, declaró alias ‘Ricardo’.
El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín igualmente solicitó investigar a diferentes funcionarios públicos como alcaldes, policías, militares y miembros del CTI señalados de supuestamente haber tenido conocimiento y participado de las acciones armadas del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó y del Frente Suroeste de las Autodefensas.
