El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal suspendió la orden de arresto de la alcaldesa (e) de Yopal, Luz Marina Cardozo Solano, y el inspector Segundo de Policía, Luís Gabriel Pérez González, decretada por el Juzgado Primero Civil del Circuito, por desacato de tutela con radicado 2015-00095.
Frente a esta decisión, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Juan Carlos Suárez Forero, dijo que es la segunda vez que el juez Primero Civil Municipal expide una orden de arresto contra la mandataria local, por no darse cumplimiento al desalojo del asentamiento humano ‘Mi Nueva Esperanza’, en un término de 48 horas.
Frente a este nuevo episodio, la alcaldesa interpuso una Acción de Tutela, argumentando que hay vías de hecho por parte de la justicia, toda vez que no se puede pasar por encima de la Constitución violando los derechos de la comunidad.
“Somos respetuosos de la decisión, sin embargo, en derecho, nos mostramos inconformes y procedimos a pedir que tengamos el plazo necesario para garantizar a la comunidad de dicho asentamiento humano las condiciones mínimas de habitabilidad y mientras se hace una evaluación de fondo de todo lo actuado”, dijo Suárez Forero, quien estuvo al tanto del proceso, mientras la alcaldesa permanecía con incapacidad médica otorgada por la E.P.S a la que está afiliada.
El jefe de la Oficina de Planeación agregó que, se debe tener en cuenta la logística que demanda adelantar un operativo de desalojo de tal proporción y agregó que cualquier tipo de intervención en el sector se hará, cuando haya manera de dar cumplimiento a los lineamientos de la Corte Constitucional, que otorga el beneficio a los conglomerados a tener el mínimo de habitabilidad.
Se vislumbran soluciones
De otro lado, Juan Carlos Suárez recalcó que, por directriz de la alcaldesa, “el pasado martes se registró ante la oficina de Instrumentos Públicos de Yopal, las escrituras de un predio, a nombre del Municipio, teniendo como ventaja que es un terreno con destinación para Vivienda de Interés Social. Vamos a aportarle a la justicia, en el menor tiempo posible, lo que se ha hecho como es la caracterización, el filtro y cotejo de las personas, y la escritura y registro del predio, el cual está ubicado al fondo de Villa David”.
Agregó que, de 15 a 20 días, se iniciaría el proceso para dar trámite a la expedición de resoluciones a los futuros beneficiarios, que es lo que ha ordenado el juez, y que el resto será tramitología y logística para definir la reubicación.
Suárez Forero hizo énfasis en que, “este Gobierno, por directriz expresa de la alcaldesa, jamás hará el uso de la fuerza para tomar decisiones que perjudiquen a la comunidad, en este caso, alrededor de 350 familias, entre quienes hay, cerca de mil menores de edad y centenares de ancianos, y mujeres cabezas de hogar y en estado de embarazo. Por lo tanto, un desalojo solo se haría cuando se garantice que, no se van a vulnerar los derechos de las personas”.
