En el Congreso de la República volvió a ser radicado el proyecto de ley con el cual se pretende eliminar la ley de garantías, que siempre entra en vigencia cuatro meses antes de las elecciones.
Esta norma prohíbe la contratación pública en las entidades territoriales en las cuales se van a desarrollar los comicios, con el fin de evitar hechos de corrupción electoral a pocas semanas de las votaciones.
Esta ley se creó luego de que en el país se autorizó la reelección presidencial, pero como esa figura ya fue eliminada de la Constitución Política, en el Congreso consideran que no vale la pena seguirla manteniendo.
Es por esto que el uribismo a través de la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal, buscarán derogar esta medida que frena la contratación para el desarrollo de los proyectos en las regiones.
“Lo radicamos porque esta ley nació para reglamentar la reelección presidencial, pero al dejar de existir esta herramienta desde 2015, no tiene sentido mantener la ley de garantías”, señaló la senadora Holguín.
De acuerdo con la congresista, otra de las razones es que “el covid tuvo paralizada la ejecución de convenios, proyectos en las administraciones durante el año anterior y por eso es importante no volver a una especie de parálisis por la ley de garantías que obliga a parar la contratación cuatro meses antes de las elecciones”.
Afirmó que esta ley de garantías parte de la mala fe sobre que va a haber una inapropiada utilización de los recursos públicos, cuando los hechos de corrupción se presentan con o sin esta restricción.
“Esta ley termina castigando la ejecución y el avance de los Planes de Desarrollo con los que se comprometen los alcaldes y gobernadores”, explicó.
La ley de garantías intentó ser eliminada con la reforma al Código Electoral que impulsó la Registraduría Nacional, pero los sectores de oposición y algunos independientes se atravesaron advirtiendo que eso podría abrir la puerta para las irregularidades en procesos de contratación durante las elecciones.
