Al término de un consejo de seguridad, en Carepa (Antioquia), el presidente Iván Duque anunció que se intensificarán las acciones por parte de la Fuerza Pública en contra de los reductos del Clan de Golfo, que están ordenando ataques violentos en por lo menos 11 departamentos del país.
Las acciones delictivas son parte de la disputa entre Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’ y Wilmer Antonio Quiroz alias ‘Siopas’, por el control de la organización criminal, tras la extradición de ‘Otoniel’ a los Estados Unidos.
«Van a ver el despliegue que nunca han visto en contra de esa estructura. Pero, adicionalmente, vamos a ir con extinción de dominio de todos los bienes que tengan los miembros de la estructura y vamos a estar pagando recompensas a las personas que nos digan nombres de miembros de esa estructura sea cual sea su rol», reveló Duque.
El mandatario recordó que el Clan del Golfo ha recibido los golpes más duros desde que se formó como estructura criminal y señaló que: «Otoniel se sentía intocable, lo capturamos, y quiso utilizar todo su poder criminal para tratar de eludir la extradición. Lo extraditamos y está en un calabozo pudriéndose en los Estados Unidos. Tendrá que enfrentar un juicio».
Entre tanto, indicó que hay 16 personas más del Clan del Golfo que estarían listas para extradición, «y las vamos a extraditar y fuera eso vamos a estar pagando recompensas por todos los miembros de la estructura, con ‘bloques de búsqueda’ uno dirigido hacia los cabecillas y otro hacia la estructura».
Para el mandatario de los colombianos, «el mensaje es claro y es que nadie va a poder con el Estado y seguiremos doblegándolos». En ese sentido dijo que, Otoniel trató varias veces de negociar presentándose como actor político y «estaba buscando eludir la extradición para tener una negociación política, pensando en el certamen electoral. No señor, ya está los Estados Unidos extraditado».
El Gobierno anunció que adicionalmente, serán habilitadas nuevas capacidades en el Urabá antioqueño, «en todo lo que es lucha contra la extorsión y en todo lo que tiene que ver con la protección del abastecimiento y la movilidad de todos los ciudadanos».