La Fiscalía de Venezuela justificó este martes el arresto de activistas que acusan al gobierno de Nicolás Maduro de apoyar a grupos armados en la frontera con Colombia, caso que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró «preocupante».
«(Son) acusaciones que pudiéramos calificar de difamaciones que comprometen la seguridad del país«, dijo el fiscal general, Tarek William Saab.
Saab confirmó en una declaración pública que Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, y los activistas de esa organización Rafael Tarazona y Omar García fueron imputados por «promoción del odio, traición a la patria y terrorismo, acordándose medida privativa de libertad». Están detenidos en Caracas, precisó, después de haber sido apresados el pasado viernes en la ciudad de Coro, estado Falcón.
Sus acusaciones de vínculos del gobierno de Maduro con disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC y combatientes del ELN, según el funcionario, se han hecho «sin mostrar evidencias».
«Simplemente ganas de desestabilizar. De seguro este señor (Javier Tarazona) es un adicto a las narcoseries, a las narconovelas de Colombia, y transmuta lo que ha ocurrido en Colombia hacia nuestro país», manifestó el fiscal.
Refiriéndose a las sanciones internacionales encabezadas por Estados Unidos contra Venezuela, Saab acusó a los activistas de «acciones de incitación al odio» para «crear una matriz de opinión negativa a nivel internacional y, en consecuencia, allanar el camino a nuevas agresiones».
Según él, las pesquisas revelaron conversaciones con personas por identificar en el extranjero que apuntarían a que las denuncias de Fundaredes «son orquestadas por agentes externos que persiguen la desestabilización del Estado venezolano».
El lunes, Bachelet dijo que la detención «es un ejemplo preocupante» de las «restricciones al espacio cívico» en Venezuela. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos denuncia «la fiscalización desproporcionada a la sociedad civil» y la «vinculación de actividades humanitarias y de derechos humanos con el terrorismo» por parte del Estado.
Fundaredes informó en marzo sobre enfrentamientos en el estado fronterizo de Apure entre militares venezolanos y disidentes de las antiguas FARC e irregulares colombianos antes de que lo hicieran las propias autoridades.
Y en mayo dio cuenta del secuestro de ocho militares en la frontera, liberados unos días después. De acuerdo con cifras oficiales, 16 efectivos de la Fuerza Armada han muerto en los combates, que han forzado el desplazamiento de miles de civiles.
