Julieta Lemaitre, magistrada de la JEP, explicó lo que viene luego de la decisión de imputar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra al antiguo secretariado de las Farc, en una decisión proferida el pasado 27 de enero.
La magistrada indicó que los comparecientes tienen la posibilidad de aceptar o no la responsabilidad ante los delitos imputados.
Precisó que en caso de que los comparecientes acepten la responsabilidad, “de una vez seguimos a la diligencia que ordena la norma, que es la audiencia de reconocimiento en la cual harían esta aceptación pública y de cara a las víctimas”.
En días anteriores, la JEP ya había detallado que “si hay reconocimiento, una vez realizada la audiencia de reconocimiento, la sala adoptará una resolución de conclusiones que remite al Tribunal de Paz para que este imponga una sanción propia si es el caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador, y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos”.
En caso de que los comparecientes no acepten la responsabilidad, «es decir, si él decide que es inocente y que no es responsable de estos hechos y conductas, entonces podrá defenderse en un juicio. En el juicio podrá ser declarado inocente o recibirá pena de cárcel de hasta 20 años”.
La JEP ya había hecho esta precisión: Los antiguos miembros del secretariado de las extintas Farc-EP tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones hechas.
En cuanto a las contribución de las víctimas en este proceso, la magistrada Julieta Lemaitre, indicó: «Las víctimas que se han acreditado como intervinientes especiales en el caso recibirán también el auto y tendrán también el mismo término de de 30 días para hacer comentarios respecto a las conclusiones a las que ha llegado la sala».
«En un momento posterior, las víctimas tendrán la oportunidad de participar no solamente en la audiencia de reconocimiento sino también de hacer llegar a la sala, sugerencias o solicitudes sobre el modo o contenido de la sanción propia que impondría el Tribunal de Paz. La sala lo que hace es que esas recomendaciones que hacen las víctimas, las analiza, las sistematiza, y se las pasa al Tribunal de Paz diciéndole ‘esto fue lo que pidieron las víctimas’”.
Hay que recordar que la Sala de Reconocimiento de la JEP había dado a conocer que se atribuyen a las Farc-EP las siguientes cifras:
En total 21.396 víctimas de secuestro fueron identificadas con nombre y cédula. El 79% corresponde a hombres y el 21% a mujeres. Catorce años fue el máximo de tiempo en que una persona estuvo en cautiverio.
Ocho fueron los miembros del antiguo secretariado de las Farc, a quienes se les imputó crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.