La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó el informe para Colombia correspondiente al 2019, periodo en el que dice el organismo humanitario la tasa de asesinatos fue de 25 por cada 100 mil habitantes y periodo en el que se perpetraron 36 masacres, cifra más alta desde 2014.
Más de 100 defensores de DD.HH. y 66 indígenas fueron asesinados el año pasado en Colombia, explica el documento que resalta que la violencia se ensañó contra los líderes sociales.
Igualmente indica que se dieron «15 casos de presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía».
«Hay una situación de gravedad en relación con (los asesinatos de) excombatientes (de las FARC) y en el tema de líderes y lideresas y defensoras y defensores de derechos humanos», sostuvo el representante de la ACNUDH en Colombia, Alberto Brunori.
Violencia desbordada contra líderes sociales
De los 108 casos de líderes sociales asesinados, el 75 % ocurrió en zonas rurales y el 86 % en municipios con «un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional», reveló Brunori, en alusión tácita a la relación de estos crímenes con su ocurrencia en zonas alejadas y con poca presencia estatal.
La situación parece no cambiar en 2020 y es por ello que la Oficina estudia 31 casos de los cuales comprobó cuatro, mientras que organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ya cifran en 51 los asesinatos de líderes sociales en lo que va del año.
«Me temo que, como ocurrió el año pasado, varios (de los casos en estudio) sean (asesinatos de) defensores o defensoras de derechos humanos, pero no me puedo adelantar porque ese trabajo requiere de mucha precisión, atención y confrontar toda la información que nos llega», dijo el directivo.
Esa violencia desbordada siguió afectado al Cauca, dice el informe, en donde al menos 66 miembros del pueblo indígena Nasa fueron asesinados.
Esa cifra supone «un incremento de casi el 52 %, de acuerdo al Instituto de Medicina legal, en comparación con 2018″.
El Cauca está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley como disidencias de las FARC, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos, que luchan por el control de la tierra para el tráfico de drogas.
Para proteger a los defensores de derechos humanos, la ONU insiste en que el gubernamental «Plan de Acción Oportuna debe priorizar una mayor y más continua participación de las autoridades regionales y de la sociedad civil» para atajar esta ola de violencia.
Abusos policiales y militares
De los 15 casos de «presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía», 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como «falsos positivos».
Uno de esos es el del exguerrillero Dimar Torres, al que un militar mató de un disparo en abril del año pasado en una zona rural de Convención, que forma parte de la convulsa región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste).
También se refirió al caso del bachiller Dilan Cruz, quien falleció el pasado 25 de noviembre en Bogotá a raíz de las heridas sufridas en la cabeza por un proyectil disparado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía durante una manifestación en Bogotá.
«Nosotros señalamos en el informe de 2019, que aparte de la muerte del joven Dilan, han habido algunos casos de respuesta que excedieron el uso de la fuerza», afirma y recomienda al Esmad «utilizar armas que sean adecuadas a los estándares internacionales».
Agrega: «En el caso de Dilan, llegamos a la conclusión de que pudo haber sido una ejecución».
Por otra parte, Brunori manifiesta su preocupación por «información documental que indicaría» que el 8 de abril del año pasado en el municipio de Valdivia, departamento de Antioquia (noroeste), miembros de grupos criminales participaron en «una operación militar oficial».
En ella, explicó, los delincuentes portaron armas y realizaron «acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado, tales como allanamientos, incautaciones y detención de personas».
Una paz que requiere esfuerzo
Creo que estamos en un panorama en el que estamos mejor que cuando había el conflicto, pero los retos de la paz requieren mucho esfuerzo, tanto del Estado colombiano, de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional», advierte el representante de la ACNUDH.
Por ello reconoce el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), organismos creados a instancias del acuerdo de paz.
«El informe hace un balance sobre el acuerdo de paz, los aciertos como es la reintegración, el compromiso de los excombatientes con la paz y al mismo tiempo los retos que tiene (…) como el tema de la reforma rural integral, el tema de la asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes», agrega.
Según cifras del partido FARC, surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla, desde el 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado una semana antes, 186 excombatientes han sido asesinados, lo que supone una media de casi cinco al mes.
Fuente: EFE
Foto: ONU
